Los catalanes podrán pedir una segunda opinión médica

El Parlament catalán ha aprobado una proposición no de ley comprometiéndose a regular este derecho . El derecho a una segunda opinión es una importante innovación de la Carta de Derechos y Deberes del Usuario de la Sanidad Pública que elabora la Generalitat catalana.

El Parlament de Catalunya ha aprobado una proposición no de ley comprometiéndose a regular el derecho a una segunda opinión sobre el diagnóstico o tratamiento médico. Todos los grupos políticos de la cámara catalana presentaron a la Comisión de Política Social una proposición para regular legalmente este derecho, además de «otros derechos susceptibles de regulación legal contenidos en la carta de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario» en la que está trabajando la Generalitat de Catalunya.

En opinión de todos los grupos, una vez elaborado este documento de derechos y deberes de los usuarios de la sanidad pública, debía pasar por su «correspondiente adaptación normativa», requiriendo un análisis sobre la formulación jurídica de estos derechos para garantizar su validez y cumplimiento.

Un importante paso será la regulación de este derecho a una segunda opinión sobre el diagnóstico o tratamiento médico, que garantizará a los ciudadanos de esta comunidad poder elegir médico y consultar a un segundo especialista si lo requieren. Falta ahora diseñar todo el sistema que especifique en qué casos se podrá pedir esta segunda opinión, qué recursos garantizarán su funcionamiento y determinar la viabilidad económica de este derecho.

La Carta de Derechos y Deberes

Actualmente la Generalitat de Catalunya trabaja en esta Carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria en colaboración con diferentes sectores y colectivos de los ámbitos sociales, políticos y sanitarios. El texto está planteado de forma programática y tiene en el derecho a una segunda opinión médica una de sus mayores innovaciones.

Otros ámbitos que recoge son el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los datos que hacen referencia a la salud de los pacientes catalanes, y el derecho a consultar su propio historial clínico. Además, se asegurarán los derechos a la información sobre los servicios de salud y a una asistencia de calidad. El principal deber de los usuarios de la sanidad pública también quedará legalmente establecido: cuidar de su salud.